Soledad Gallego-Díaz: Núñez Feijóo da un giro y abre la puerta a negociar con Junts en el Congreso | Ideas | EL PAÍS
Es sorprendente —y positivo— la nueva estrategia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de forjar alianzas con grupos parlamentarios como Junts, con el objetivo de oponerse a la política del Gobierno y, en su momento, votar en conjunto para negarle la confianza o impulsar su censura. Sorprendente, porque hasta hace poco el PP consideraba a los diputados de Junts, de ideología independentista y protagonistas del llamado procés, casi como parias, y habían establecido relaciones insalvables al dialogar y negociar con el Gobierno de Sánchez. Y positivo, porque esta rectificación implica reconocer que todos los diputados han sido legítimamente elegidos y que Sánchez no llevó a cabo ninguna maniobra sospechosa, sino la práctica política más habitual: lograr mayorías parlamentarias que faciliten el acceso a La Moncloa y permitan gobernar.
El problema es que Núñez Feijóo pretende reclamar su propio derecho a las alianzas y, al mismo tiempo, lanzar todos los días instrucciones a su partido para que “redoble los esfuerzos para desalojar a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno”. El problema es que acepte hablar de política con Junts fuera del Parlamento, pero se niegue a aceptar el menor debate político en el Congreso y que, contra la más elemental prudencia, se empeñe en alentar todas las iniciativas judiciales que puedan afectar no ya al Partido Socialista, sino a la propia familia de Pedro Sánchez. Desalojar significa hacer salir a alguien de algún lugar, apartarle con violencia, o deponerle de su empleo o dignidad, impidiéndole el ejercicio de ellos. Ese vocabulario, creador de buena parte de la crispación que sufre la política en este país, debería ser desterrado para siempre. A un presidente del Gobierno en un país democrático no se lo desaloja. Se le ganan elecciones o se lo censura con una mayoría parlamentaria.
El Partido Popular y Núñez Feijóo consideran ahora, afortunadamente, a los diputados de Junts interlocutores válidos. ¿Para lograr qué? De momento, para evitar, junto con Vox y el PNV, que las grandes compañías eléctricas, que han obtenido enormes beneficios en el último ejercicio, ingresen unos 1.500 millones de euros más en el erario público. En el futuro, quizás, para cualquier movimiento parlamentario que ayude a debilitar al presidente Sánchez. La novedad es que, si los diputados de Junts ya no forman parte de lo que el PP consideraba un peso muerto en el Parlamento, ¿por qué van a serlo los del BNG o los de Bildu? Es una buena noticia que el PP reconozca, por fin, la legitimidad de todo el Parlamento.